Los embarazos en menores de edad suman diversas lacras: hijosdeputa que violan a pequeñas, cómplices que saben y no denuncian, médicos cobijados por ser objetores de conciencia y que no facilitan el aborto en ninguna circunstancia, políticos, infinitamente hijosdeputa —no les cuesta trabajo— aliados al Poder económico y arrodillados ante la Iglesia, así como devotos religiosos que ofrecen responsabilizarse del crío en lugar de recoger a los cientos de miles de infantes cuyas vidas novidas son la norma en las crudas calles de Latinoamérica.

Encabezados y noticias periodísticas retratan esa abominable realidad: “Paraguay impide abortar a una niña de 10 años que violó su padrastro”; “Alerta embarazo precoz en Coahuila: ‘Nuestras niñas están teniendo niños”; “Treinta por ciento de los embarazos en El Salvador son de niñas y adolescentes”; “Polémica por el caso de una niña de 11 años embarazada. La Justicia deberá resolver si autoriza o no que se realice un aborto”; “El nuevo embarazo de Rosita en la trama de impunidad de Nicaragua. Rosita, la niña a quien un aborto terapéutico le salvó la vida cuando tenía nueve años ha sido revictimizada y a los 14 años de edad aparece como madre de una bebé de 19 meses”. Fin arbitrario: En la Red pueden leerse muchas, demasiadas, notas similares.

Las discusiones sobre el derecho o no a abortar son viejas. Dos posturas resumen la situación: El derecho que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo y el valor de la vida del feto. Cuando se trata de niñas embarazadas se agrega otro brete: La obligación de la sociedad hacia los, en este caso, las menores de edad. Me ocupo, en las siguientes líneas de las pequeñas.

Junto con la ancestral polémica entre grupos “pro vida”, y “pro decisión”, el meollo del asunto son las sinrazones —no hay razones—, subyacentes de los embarazos en menores de edad y los argumentos irracionales de quienes en América Latina no facilitan el aborto. Nuevamente la suma deviene monstruos inmorales.

La inmensa mayoría de las pequeñas son pobres o muy pobres. Todas las lacras de la pobreza, familias traumatizadas, inoperantes, carencia de protección social, trabajo en la calle y exposición a jóvenes o adultos masculinos atentan contra una vida normal y facilitan la violencia. Embarazar a una menor de edad es el culmen de la violencia.

En Latinoamérica, la normativa sobre el aborto es, a nivel mundial, una de las más restrictivas. Varios países, incluso los llamados de izquierda como Nicaragua lo prohíben sin importar si la razón fue violación, si la salud de la madre está en peligro o si el bebé tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

El riesgo de muerte en menores de 16 años es cuatro veces mayor que en mujeres entre 20 y 30 años. Supongo, no conozco ningún estudio, que en menores de doce años el riesgo aumenta. Con las menores de edad la responsabilidad de la sociedad es total. Su imposibilidad para defenderse y decidir obligan. No sólo se trata de salud, se trata de dos vidas (o de dos muertes).

 

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