La inmensa mayoría de los médicos dedicados a cuestiones de salud pública, miembros de organizaciones como Médicos sin Fronteras, o quienes trabajan en situaciones complejas como campos de refugiados o con enfermos en situación de pobreza extrema vinculan salud y derechos humanos. Sociólogos, políticos “decentes”, eticistas, urbanistas, sindicalistas y personas dedicadas a los derechos humanos también reflexionan sobre el indisoluble binomio salud pública y derechos humanos. El quid es obvio:  los derechos humanos se violentan con mayor facilidad en quienes carecen  de defensas, ergo, los pobres.

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En 2017, Silvia Stringhini, investigadora en el Hospital Universitario de Lausana, junto con varios investigadores, publicaron en The Lancet, prestigiosa revista médica británica, un texto donde aseveran, “El bajo nivel socioeconómico es uno de los indicadores más fuertes de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo”. Dicha conclusión, válida por la seriedad del estudio, deviene reflexión trascendental: La Organización Mundial de la Salud debería considerar a la pobreza como enfermedad. Hacerlo, como se hace con el tabaquismo o la obesidad, permitiría formular políticas preventivas. No hacerlo significa profundizar la pobreza e impedir el progreso de los afectados. Aunque parezca absurdo y obsesión, no es ni absurdo ni obsesión, es mera realidad: en México, considerar la pobreza como enfermedad es imposible: si nuestros políticos lo hiciesen tendrían que invertir el dinero en esas comunidades y no podrían robar. 

Dos preguntas: ¿La población que sobrevive en condiciones de miseria ejerce sus derechos humanos? ¿Conculca el Estado los derechos humanos al no ofrecer salud de calidad a los pobres? Personas bien intencionadas han saturado el mundo de declaraciones diseñadas para beneficiar a la población y “estabilizar” el mundo. Muchas, la mayoría, son obsoletas; deberían reformularse.

Una de ellas es la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración se promulgó en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tres años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Constituida por treinta principios, la mayoría inoperantes, el artículo 25, dedicado a salud, dice: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica  y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Son muchos los Tratados internacionales dedicados al vínculo salud y derechos humanos; a partir de la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946, se han promulgado ¡dieciocho Acuerdos! Extraigo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) dos incisos. El artículo 12 dice, “Los Estados… reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”; renglones adelante se enumeran algunas medidas para cumplir con la idea previa: “Reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños y niñas; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

Ambas Declaraciones funcionan en el papel, no en la realidad. México es signatario de muchos Acuerdos internacionales sobre salud, derechos humanos, pactos de cooperación, etcétera. Ni papel ni firmas sirven. Sirve, primero, entender la realidad, y después, modificarla. Obligación de todo político es conocer los entresijos de pactos internacionales relacionados con su oficio; de ser posible, su deber es aplicarlos; de no ser factible, su deber es declararlo y formular ideas apropiadas (entiendo por ideas apropiadas ejercer los recursos disponibles a favor de la población o, en su defecto, señalar la imposibilidad de cumplir con lo estipulado en los Tratados internacionales y renunciar1). Me pregunto cuántos políticos mexicanos activos o miembros de gobiernos previos conocen los Tratados propios de sus quehaceres. Me respondo: muy pocos.

Las perversidades de la pobreza son múltiples. La peor, lo repito ad nauseam, es enfermar y no poder afrontar los gastos médicos necesarios. Dado que la pobreza es una  enfermedad, y que cincuenta o más millones de connacionales se encuentran atrapados en un círculo sin salida conformado por el binomio pobreza y enfermedad,  urge que los políticos apliquen su sabiduría.2

Nacer y vivir en situación de pobreza atenta contra los derechos humanos. Quienes perviven hipotecando su futuro desde el útero, quienes padecen los sinsabores de patologías impagables, apuestan por sobrevivir, un día, un mes, un año, unos pocos años…

Dos realidades mexicanas: la pobreza sepulta la validez de los Tratados sobre Derechos  Humanos signados por nuestros jerarcas; violar los Derechos Humanos empobrece a los pobres.


1 Hace tiempo sugerí que renunciar, en cualquiera ámbito, quizás más en el político, debería considerarse un acto ético. En Occidente somos testigos de renuncias, incluso suicidios, de políticos que no cumplen. Y en México…

2 Wishful thinking: No he borrado de mi inventario las ilusiones. 

 

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